La calidad del marco institucional y regulatorio es uno de los factores que mejor permiten evaluar la solidez del crecimiento económico de un país. Este indicador mide la capacidad del gobierno para diseñar y aplicar políticas y normas que favorezcan el desarrollo del sector privado, teniendo en cuenta aspectos como la libertad de inversión, la ausencia de impuestos discriminatorios o el grado de protección regulatoria existente. Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que España presenta importantes carencias en este ámbito.
Así, según el Índice de Calidad Regulatoria elaborado por el Instituto de Estudios Económicos a partir de los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, nuestro país obtiene una puntuación de 74,5 sobre 100 y se sitúa entre los nueve países con peor resultado dentro del grupo analizado, lo que revela un margen de mejora significativo.
La evidencia económica muestra que la calidad regulatoria desempeña un papel fundamental en la creación de un entorno empresarial dinámico. Normativas excesivamente complejas, cambiantes o poco previsibles elevan los costes de cumplimiento, generan barreras de entrada y limitan la competencia, lo que termina frenando la innovación y la inversión.
Por el contrario, una regulación clara, estable y proporcionada contribuye a mejorar la eficiencia de los mercados y refuerza la confianza en las instituciones, un elemento clave para que empresas e inversores puedan planificar proyectos a largo plazo. Cuando estas bases institucionales son débiles, el crecimiento económico que se observa a corto plazo suele responder más a factores circunstanciales —como el aumento de la población o del consumo— que a una mejora estructural de la economía.