El nuevo informe The Future of Regulation, elaborado por Tom Clougherty y Robert Colvile para el Centre for Policy Studies, ofrece la radiografía más completa hasta la fecha sobre el tamaño, evolución y fallas del Estado regulatorio británico.
A partir del análisis detallado de todas las evaluaciones de impacto regulatorio elaboradas entre 2010 y 2019, los autores muestran que, pese a los compromisos políticos de distintas administraciones, el peso de la regulación no ha dejado de aumentar. En términos agregados, el estudio identifica 35.000 millones de libras en nuevos costes regulatorios anuales introducidos en esa década, cifra que asciende a más de 57.000 millones si se incluye la auto-inscripción en pensiones.
El informe evidencia que el sistema británico de control del flujo regulatorio es, en la práctica, un mecanismo opaco y fácilmente manipulable. Las evaluaciones de impacto contienen errores frecuentes, estimaciones inconsistentes y cifras “comodín” que encubren la ausencia de cálculos reales, con ejemplos tan llamativos como el caso de MiFID II, cuyo coste aparece erróneamente reflejado como un beneficio simbólico. Además, el 86% de los costes regulatorios netos quedaron fuera del marco de presupuestación regulatoria (“one-in, two-out”, BIT), lo que permitió a los distintos gobiernos presentar como avances lo que en realidad fue un incremento sostenido de cargas.
El estudio subraya que el problema regulatorio no proviene únicamente del flujo de nuevas normas, sino del acumulado histórico de legislación, directrices, normas técnicas y mandatos regulatorios. La ausencia de un inventario completo y transparente —solo el Ministerio de Medio Ambiente dispone de uno— impide conocer la magnitud real de la carga regulatoria. Esta situación se agrava por el aumento de regulación secundaria y por el traslado automático al derecho británico de miles de actos europeos sin evaluación de impacto específica para el Reino Unido, lo que genera un entorno donde regular es siempre más fácil que medir, revisar o eliminar.
Frente a este diagnóstico, The Future of Regulation propone una reforma profunda del sistema: auditoría integral del acervo regulatorio, creación de una autoridad independiente de auditoría regulatoria, establecimiento de un presupuesto regulatorio real y sin excepciones, refuerzo de la evaluación ex ante y ex post, y la introducción de cláusulas de caducidad obligatoria para revertir la lógica de acumulación. Para el Foro Regulación Inteligente, estas conclusiones confirman un patrón internacional: sin un marco institucional robusto, transparente y centrado en evidencia, cualquier agenda de simplificación corre el riesgo de quedar en papel mojado. El objetivo, recuerdan los autores, no es regular menos por inercia, sino regular mejor, con instituciones capaces de proteger la innovación, la competencia y el crecimiento económico.
El estudio al completo está disponible en este enlace.
