El número de la revista Regulation del Instituto Cato para el invierno de 2025-2026 ofrece un conjunto coherente de propuestas de reforma regulatoria para una administración que realmente quiera reducir cargas burocráticas sin caer en atajos políticos o promesas tecnológicas poco realistas. Las propuestas se centran en Estados Unidos pero también resultan de interés en clave europea, habida cuenta del problema de sobrerregulación que sufre el Viejo Continente.
Ike Brannon arranca el especial señalando que la Administración ha anunciado grandes objetivos de reducción regulatoria, pero sin entrar en los detalles que realmente importan. Las soluciones simbólicas —como eliminar diez normas por cada una nueva o dejar el análisis en manos de sistemas de IA tipo “DOGE”— no sustituyen la necesidad de adoptar asimismo un plan riguroso.
Stuart Shapiro propone dos vías principales: (1) Reactivar la Ley de Reducción del Papeleo o PRA, que obliga a justificar la carga administrativa que imponen las agencias. El proceso actual es tan complejo que se ha convertido en un trámite vacío; (2) Construir una coalición bipartidista contra la burocracia innecesaria, que no solo afecta a empresas, sino también a beneficiarios de ayudas y programas públicos, que pierden acceso por barreras administrativas sin sentido.
Kniesner y Viscusi subrayan que muchas normas podrían revisarse con datos reales si existiera un marco de evaluación posterior a su implantación. La IA puede ayudar a identificar posibles normas obsoletas, pero no puede sustituir el análisis de impacto regulatorio (RIA) obligatorio por la ley. Por tanto, consideran que las agencias deberían publicar datos para permitir evaluaciones independientes. Ambos piden que regulación y fiscalidad se estudian de la misma forma, con una evaluación empírica continua.
Graham y Belton ponen el foco en un problema poco visible pero clave. Destacan que muchos sectores innovadores dependen de permisos o autorizaciones específicas (químicos, minería, dispositivos médicos, tecnología, etc.). Estos “gatekeepers” no están sometidos al control de la Oficina de Gestión y Presupuestos (OMB), lo que genera procesos opacos, lentos y muy costosos. Ejemplos como la minería de litio o la aprobación de nuevos químicos muestran retrasos de años y una caída drástica de la innovación. Los autores proponen dar a la OMB autoridad para revisar la eficiencia de estos procesos.
Ronald Bird plantea quizá la reforma más ambiciosa, ligada a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), en la que propone incorporar el análisis coste-beneficio. La APA fija el “cómo” del procedimiento, pero no define un estándar claro para decidir. Por ello, el autor propone exigir por ley que toda regulación cumpla con un análisis coste–beneficio robusto, verificable y sujeto a revisión judicial. También pide resolver cuestiones clave como quién cuenta en los beneficios y costes (por ejemplo, el uso del coste social del carbono global vs. doméstico).
