Las instituciones comunitarias presumen desde hace años de su agenda de Better Regulation, pero la realidad va por otro camino. El nuevo EU Regulatory Quality Index, elaborado por Epicenter, concluye que la legislación de la Unión Europea es cada vez más extensa, más compleja y menos transparente, pese a tres décadas de promesas de simplificación.
El informe analiza 61 directivas aprobadas entre 2022 y 2024 y el resultado es inequívoco: la producción regulatoria se aleja cada vez más de los estándares internacionales de calidad, con un crecimiento notable tanto en el volumen de normas como en su densidad lingüística y técnica.
Uno de los datos más llamativos del estudio es el análisis del lenguaje normativo. La longitud media de las frases en las directivas europeas asciende a 38,6 palabras, casi el doble de las 20 palabras que marca la Plain English Campaign como límite para garantizar la comprensión del texto legal por parte de un ciudadano medio.
A ello se suma un promedio de 250 caracteres por frase y casi dos comas por oración, cifras que revelan una redacción farragosa y difícil de seguir incluso para expertos. De hecho, el propio informe concluye que un ciudadano necesitaría entre cuatro y seis horas para leer con atención una única directiva —muchas de las cuales superan las 30.000 palabras— debido a su complejidad sintáctica.
Los ámbitos con redacciones más opacas son “derecho de establecimiento y libertad de prestación de servicios” y “derecho de sociedades y de las empresas”, donde las frases superan las 45 palabras de media.
Normas más largas y expansivas
Las directivas, además de difíciles de leer, se han vuelto más extensas. De media, contienen 24,4 páginas y 11,7 artículos, aunque con fuertes variaciones por año: en 2023 alcanzaron un máximo de 33,3 páginas de media.
El sector más afectado es el de la energía, donde cada directiva llega a alcanzar casi 70 páginas y más de 17 artículos. También destacan por su extensión las normas de medio ambiente, consumo y salud, que promedian 40 páginas.
Estudios de impacto incompletos y escasa planificación
A pesar de que la Comisión Europea insiste en que toda nueva legislación cumple estrictos estándares de evaluación, el informe muestra lagunas importantes:
• Solo el 6,6% de las directivas incorpora una hoja de ruta (roadmap),
• Apenas un 42,6% incluye una evaluación de impacto inicial,
• Las repercusiones territoriales solo se estudian en el 36,1% de los casos,
• Únicamente el 19,7% contiene un estado financiero que permita conocer el coste real para los Estados miembros.
El capítulo de transposición también deja en mal lugar a los gobiernos nacionales: solo 44,3% cumple con los plazos y cada directiva recibe de media medidas de trasposición en apenas 12,3 Estados miembros.
El índice global de calidad regulatoria sitúa a la UE en 66,9 puntos sobre 100, con buenas puntuaciones en iniciativa legislativa y subsidiariedad, pero con resultados pobres en evaluación, consulta y ejecución.
La “simplificación” queda en papel mojado
El informe contextualiza este deterioro en una tendencia de fondo: desde el Tratado de Maastricht, la producción normativa europea ha crecido un 700%, con un repunte muy notable bajo la Comisión von der Leyen (+14% de nuevos actos).
Este aumento no ha sustituido normativa nacional, sino que se ha superpuesto, elevando el coste regulatorio para empresas y administraciones. En países como Dinamarca se estima que más del 60% de las reglas en vigor provienen ahora de Bruselas, de modo que los esfuerzos de sus gobiernos nacionales por reducir la presión normativa lidian con la problemática de tener que desarrollar nuevas pautas legislativas por indicación de la UE.
Epicenter pide una reforma profunda: menos política, más evidencia
El estudio urge a reforzar la independencia del Regulatory Scrutiny Board, extender las evaluaciones de impacto a todas las fases del proceso legislativo, limitar los acuerdos opacos en trílogos y avanzar hacia una legislación más breve, clara y evaluable.
Su conclusión es tajante: la UE no necesita menos regulación, sino mejor regulación, con normas “más comprensibles, justificadas y aplicadas de forma coherente”.
Mientras Bruselas prepara nuevas iniciativas en materia digital, ambiental y fiscal, el informe llega en un momento crucial: la ventana de oportunidad para una simplificación real podría cerrarse si la próxima Comisión vuelve a optar por el camino fácil —más normas, más páginas, menos claridad.
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