La George Mason University alberga desde 1980 uno de los foros de pensamiento económico más influyentes de Estados Unidos. Dirigida por Tyler Cowen, esta entidad patrocina el trabajo de expertos regulatorios como Patrick McLaughlin, que acaba de publicar un interesante informe repleto de propuestas para frenar los efectos nocivos de la acumulación de normas.

El problema no ha parado de crecer desde 1970. Entonces, el número de reglas restrictivas impulsadas por el Gobierno federal rondaba las 400. Sin embargo, hoy hablamos de más de 1.000 instrucciones de este tipo.

Para McLaughlin, el problema de la hiperregulación puede atajarse mediante la exploración de soluciones como las siguientes:

  • Estimación de costes regulatorios. La aprobación de nuevas reglas por parte del poder legislativo o ejecutivo implicaría un informe previo en el que se reflejen los costes derivados de instaurar las normas propuestas.
  • Comisión para la simplificación normativa. Estos comités de trabajo sirven para reunir a legisladores, expertos y empresarios en torno a la tarea de identificar regulaciones redundantes.
  • Techos normativos. Implica reducir por ley el número de normas que se pueden promulgar o la extensión de las mismas. Resulta especialmente interesante el experimento de Canadá, donde la Columbia Británica ha reducido sus regulaciones un 50% por esta vía.
  • Revisión de impacto. A través de informes periódicos sobre el coste de las regulaciones en vigor, se pueden introducir modificaciones normativas que aligeren el impacto de las normas o incluso se puede lograr la retirada de reglas que, de lo contrario, nunca serían reconsideradas.