La desconexión digital se incluyó en la última Ley Orgánica de Protección de Datos del 5 de diciembre de 2018. Un año después de su regulación, sigue suponiendo un auténtico desafío desde el plano empresarial.
Una vez más, la aplicación de la regulación inteligente se antoja como la única forma de darle salida a un elemento regulatorio de difícil solución en estos momentos. Así se puso de manifiesto en el IV Congreso Nacional de ADiReLab, donde más de 200 directores de Relaciones Laborales compartieron sus impresiones al respecto.
Sirva de ejemplo el comentario de Patricia Sanz, directora de Relaciones Laborales de Repsol en España y Portugal, asegurando que, si bien es necesario continuar regulando la desconexión digital, se debe tener en cuenta que ha de medirse el impacto, con el fin de que un derecho no se convierta en obligación.
En el mismo sentido se manifestó Antonio de la Fuente, director corporativo de RRHH y Organización de Globalia, quien incidió en que para poner en marcha ese derecho -sin que se convierta en obligación- previamente la empresa debe desarrollar en su seno una cultura en este sentido.
De hecho, De la Fuente puso de manifiesto que lo ideal sería que cada compañía regule dicho derecho en función de las necesidades de los empleados. Es más, el directivo de Globalia apostó porque “cada compañía pueda autorregularse” de forma que pueda buscar la mejor fórmula para evitar tensiones y adecuar los intereses comunes.
