Un aumento excesivo de las normas y regulaciones que rigen la economía tiende a generar más incentivos para la corrupción. Así lo determina el Fondo Monetario Internacional en uno de sus últimos informes, desarrollado en colaboración con el servicio de estudios del Banco Mundial y suscrito por David Lipton, Alejandro Werner y Pelin Berkmen.

Aunque el informe se centra en el caso de Hispanoamérica, sus conclusiones son de aplicación general. Y es que, como vemos en el siguiente gráfico, hay una clara correlación entre la falta de claridad normativa y la opacidad en el trato con las administraciones. Ese vínculo se observa tanto en el caso de Hispanoamérica como en el resto de países estudiados.

España no puede ignorar estas lecciones. Como ha explicado FORO REGULACIÓN INTELIGENTE, nuestro país ha aprobado más de 35.000 normas estatales entre 1976 y 2016. Además, solo entre 2010 y 2015, el número de páginas publicadas en el BOE asciende a más de 1,1 millones. A esta cifra hay que sumarle entre 200 y 300 normas aprobadas anualmente por las comunidades autónomas, lo que supone otras 700.000-800.000 páginas de regulación extra.