¿Luchar contra la obesidad a base de impuestos a las calorías? El caso francés

Francia quiere luchar contra la obesidad y su objetivo es la denominada ‘comida basura’.

El Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía, propuso en septiembre gravar los alimentos con muchas calorías y poco valor nutricional. La idea sería imponer una tasa de entre el 1% y el 8% sobre el precio en función de las calorías, aunque también se ha puesto encima de la mesa elevar el tipo de IVA. En Francia, todos los alimentos tienen un tipo reducido del 5,5%, a excepción del alcohol, el caviar, los dulces y las grasas vegetales, que mantienen un tipo del 20%.

Los defensores de la propuesta denuncian que el 32,3% de los franceses tenían sobrepeso y el 15% era calificado de obeso. Desde Hacienda defienden que la obesidad tiene un coste de 20.400 millones, como resultado de los cuidados sanitarios que exige, la bajada productividad que induce y otros factores.

La propuesta del Tesoro francés ha generado alarma y ha obligado a los políticos a manifestarse. El propio Ministro de Economía, Michel Sapin, se mostró contrario a la idea de crear un nuevo impuesto en un momento en que el Gobierno estaba intentado rebajar la presión fiscal sobre los franceses.

Por otro lado, se entiende que los principales consumidores de la llamada ‘comida rápida’ son los segmentos menos pudientes de la población, por lo que un incremento del precio de estos productos, bien mediante un impuesto directo bien mediante una subida del tipo de IVA, dañaría principalmente a los más desfavorecidos.

Pero, por encima de todo, el escepticismo ante la medida parte de experiencias pasadas. Y es que Francia ya ha puesto en marcha dos medidas excepcionales contra productos alimentarios específicos, pero ninguna de ellas ha cumplido las expectativas.

Por un lado, en 2014, el Estado francés impuso una tasa excepcional sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas, que no supuso cambios en el consumo ni generó la recaudación esperada (apenas 400 millones). Peor aún fue el caso del impuesto que gravaba las bebidas energéticas, cuya recaudación fue nimia (se quedó en tres millones de euros, cifra muy alejada de los 65 millones previstos), sobre todo a raíz de que los productores de este tipo de bebidas redujesen el porcentaje de cafeína de sus productos para evitar el golpe de la tasa.