Las bitcoins o criptomonedas empiezan a estar en el ojo de los Gobiernos. La rápida expansión que han tenido en 2017 han puesto en alerta a muchos estados que miran con recelo a estas herramientas monetarias que escapan a su control. Con la sombra del lavado de dinero y su uso para fines delictivos, no son pocos los que han empezado a hablar de la necesidad de regularlas.

Según publicaba recientemente La Información, la capitalización del mercado de estas monedas ha pasado, en apenas un año, de 17.000 millones de dólares a 760.000 en solo un año. El Bitcoin, la referencia internacional de estos productos, comenzó el año con un valor de 963,74 dólares, cerrándolo con en 13.685 tras llegar a superar los 20.000 dólares. A ésta le han seguido otras criptomonedas como Ripple, con una revaloración del 36.000%, NEM, Ardor, Stellar, Dash y Ethereum.

En este contexto, Corea del Sur anunció a finales de año que iba a endurecer su legislación para acabar con el anonimato en las transacciones exigiendo a los usuarios documentos oficiales para su registro, algo que ya ocurre en Japón. Mientras que los Gobiernos de Venezuela, Argentina y Malasia también han empezado a adoptar medidas, China ha ordenado a las bolsas que no registren a nuevos usuarios.

Más cerca, mientras distintas voces del viejo continente apuntan a la necesaria intervención del Banco Central Europeo, desde España la CNMV ha alertado en varias ocasiones sobre la volatilidad y el riesgo que implica la inversión en este tipo de productos.